Actúa como concesionario y garantiza el marco legal y contractual del sistema de peajes, definiendo políticas públicas y asegurando, a través de las entidades competentes, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de concesión.

Regula, supervisa y sanciona los sectores de la movilidad y los transportes, promoviendo la competencia, la transparencia del mercado y la protección de los derechos de los usuarios.

Autoriza, licencia, certifica y supervisa a los operadores e infraestructuras viarias, garantizando el cumplimiento técnico y normativo del sector en coordinación con el Estado.

Entidad competente para la incoación e instrucción de los procedimientos sancionadores por la comisión de infracciones derivadas del impago o del pago defectuoso de las tasas de peaje en las infraestructuras viarias, de conformidad con la Ley n.º 25/2006, de 30 de junio.

Entidad pública responsable de la gestión, conservación y desarrollo de la red viaria nacional, en virtud del Contrato de Concesión General celebrado con el Estado, pudiendo asumir la explotación y el cobro de peajes en las vías cuya gestión o titularidad de los ingresos le sea atribuida.

Entidades públicas o privadas responsables del cobro de peajes, incluidas concesionarias, subconcesionarias de IP y operadores contratados para la operación y mantenimiento de los sistemas de cobro.

Entidades que ofrecen servicios de pago de peajes a los usuarios, integrándose en la infraestructura de las concesionarias, y autorizadas por el IMT, I.P. para el ejercicio de la actividad en virtud del Decreto-Ley n.º 84-C/2022, de 9 de diciembre.

Aquellos que circulan por la red viaria, utilizan los servicios de peaje y cumplen con las obligaciones asociadas al pago de conformidad con la legislación vigente.